Confesión de ex paramilitar

A través de un vídeo difundido en el Congreso colombiano, un ex paramilitar relata que sus jefes los obligaban a asesinar y descuartizar a sus víctimas

Los jefes paramilitares colombianos del sureño departamento del Putumayo obligaban a sus hombres a comer carne y beber sangre humana, según ha confesado un desmovilizado de esos grupos ultraderechistas a través de un vídeo, han revelado fluentes del Congreso colombiano. La grabación ha sido presentada en un debate que ha analizado los alcances, logros y tropiezos de la Ley de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilización de grupos armados, que se ha celebrado en la Cámara de Representantes. Según Robinson, un ex miembro de esos escuadrones, los jefes paramilitares obligaban a sus combatientes a consumir carne y sangre de sus víctimas. El vídeo ha sido presentado por el representante del departamento de Putumayo en la Cámara, Guillerino Rivera, en el debate en el que el Partido Liberal ha criticado los alcances y resultados de la citada ley. En el mismo análisis, el Gobierno, por medio de los ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín, y de defensa, Juan Manuel Santos, ha defendido ese proceso “pionero y que ha servido de ejemplo mundial”. Robinson ha dicho que la prueba de fuego en la facción era asesinar y descuartizar al mejor amigo, y eso representaba recibir felicitaciones de los comandantes. “Cuando no había carne ordenaban sacarla de los cadáveres para comerla”, ha dicho el paramilitar quien ha confesado haberlo hecho una vez, pero que regularmente lo hacían varios, entre ellos el comandante alias Muela Rica.

CRITICAS A LA LEY DE URIBE

Germán Olano, otro legislador, ha criticado la campaña gubernamental para aplicar a los paramilitares una consideración política a sus delitos y se preguntó si “esos antropófagos” serán los legisladores del mañana. Olano y Rivera han cuestionado si su extradición será perdonada y si serán condenados, ya que si consiguen el indulto los ex paramilitares podrían aspirar a cargos públicos. Tanto el ministro Holguín como el titular de Defensa, sin embargo, han defendido la Ley de Justicia y Paz y han señalado que por primera vez, en el mundo, se tenían en cuenta los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Entre 2003 y abril de 2006 más de 31.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron en el marco de un proceso de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, pero cerca de 19.000 de ellos aguardan la definición de su situación jurídica. Uribe anunció la presentación de un proyecto de ley para resolver la situación de los paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz con la premisa de que sus delitos serían considerados políticos.

EN BUSCA DE LA VERDAD Y LA MEMORIA

Organizaciones sociales rechazan la iniciativa del presidente Álvaro Uribe que intenta darle un carácter político a los crímenes de grupos paramilitares, en momentos en que se buscan testimonios de violaciones a los derechos humanos Durante esta semana, la Comisión Ética de la Memoria de Crímenes de Lesa Humanidad de Colombia, organismo que lleva adelante la reconstrucción de la historia de víctimas de violaciones a los derechos humanos, considerados crímenes de lesa humanidad.

Creada en 2006, luego de que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado concluyera que la Ley 975 y la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR) era “una mentira que mantienen la impunidad”, la Comisión asegura que el informe final con pruebas y testimonios, sólo será entregado a una Comisión de la Verdad, cuando el país se encuentre en un proceso auténticamente democrático.

Con el fin de recoger testimonios y escuchar denuncias de violencia institucional y parainstitucional, la Comisión visitará a las comunidades afro descendientes de varias localidades colombianas como Curvaradó, Jiguamiandó, Cacarica y Norte del Chocó.

De acuerdo a las denuncias de damnificados, los habitantes de esas comunidades sufrieron más de 200 crímenes de lesa humanidad, además de 17 desalojos forzados, apropiación ilegal de tierras, semilla de banana y palma africana. Los grupos paramilitares están en esas tierras extrayendo minerales y realizando proyectos de agro-negocios con la palma y la banana. Los paramilitares también continúan amenazando de muerte a la población.

El trabajo de la Comisión se produce justo en momentos en que el presidente Álvaro Uribe decidió darle un tratamiento político a los crímenes cometidos por paramilitares. Una decisión que se opone a un fallo de la corte Suprema de Justicia, que establece que paramilitarismo no puede ser considerado delito político. Uribe desconoció el fallo de la Corte, luego de que en abril concluyera un proceso de desmovilización de unos 32.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes en reacción al fallo de la Corte, suspendieron las declaraciones ante la justicia. Ante esa situación, el Gobierno redactó un anteproyecto de ley para superar el conflicto.

El Gobierno divulgó el texto de esa iniciativa que asegura no favorecerá a los líderes paramilitares presos que se acogieron a una ley especial que los beneficia con penas máximas de ocho años de cárcel si confiesan los delitos cometidos, incluso los de lesa humanidad. La Ley tampoco será aplicada en congresistas y funcionarios gubernamentales que estén siendo investigados por vínculos con los paramilitares.

Las horas difíciles

Muy difíciles son las horas actuales para el presidente Uribe que debe hacerse caigo de un conflicto cada vez menos controlable, las sugerencias de tantos países amigos y sobre todo el desgaste de la actual administración estadounidense (su principal apoyo). Quienes quieren bien al presidente confían en su olfato político y vaticinan sorpresivas medidas que llevarían a la salida negociada; otros, menos optimistas, observan la debilidad del gobierno, el descontrol de sus propias fuerzas parlamentarías, el resurgimiento de la extrema derecha armada (si es que desapareció alguna vez) y el aumento del descontento popular que ha logrado desbordar el duro corsé de la represión oficial y no se arredra ante la acción criminal de los paramilitares. El presidente colombiano está literalmente atenazado por las circunstancias; ni gana la guerra a la insurgencia ni propone salidas negociadas que convenzan a sus adversarios. Y ya se sabe, guerra que no se va ganando, sencillamente se va perdiendo, y problema que no se resuelve termina por someter a quien lo padece. De los “victoriosos” primeros cuatro años de su mandato Álvaro Uribe Vélez completa el primero de su segunda administración con un balance negativo y con unas perspectivas nada halagüeñas. Las encuestas amañadas que el Palacio de Nariño acostumbra presentar como prueba de la Colombia feliz que sostiene al presidente no resultan ahora suficientes para enderezar el rumbo de los acontecimientos y ni las voces de aliento de los más afines consiguen apagar el creciente rumor popular que empieza pidiendo un intercambio de presos por razones humanitarias y puede terminar exigiendo cambios radicales en el manejo del poder y en la distribución de la riqueza.